11 de Octubre de 2014
Por: Javier Orozco Peñaranda
Colectivo de Colombianos-as Refugiados
en Asturias “Luciano Romero Molina”
No sale Colombia de medio siglo de conflicto armado interno por la
exclusión violenta del campesinado, cuando caen aprovechando las oportunidades
de la guerra los buitres del capital financiero internacional y las
multinacionales a bordo de los Tratados de Libre Comercio.
Un tratado fue suscrito con los Estados Unidos y el otro
entre Colombia y Perú con la Unión Europea. Ambos imponen políticas
comerciales, financieras y de inversión, profundamente injustas para nuestros
pueblos.
Los dos tratados con economías
asimétricas resultaron leoninos para los colombianos. Fueron negociados en secreto con el
lobby de las multinacionales y ninguno fue consultado con la población, ni
discutido en el Congreso de la República, a pesar de que destruyen la soberanía
alimentaria, abren puertas a las privatizaciones eternas de servicios públicos
esenciales como el agua, la energía, el saneamiento, las comunicaciones,
enquistan el trabajo sin derechos, entregan los territorios y los recursos
naturales del país a la voracidad de unas corporaciones a las que se les garantizan
ganancias, seguridad física, financiera y jurídica, sin someterse ellas a
controles de ningún tipo, ni asumir responsabilidad por el impacto de su
actividad, ni por el terror paramilitar que las defiende.
Bocados de cardenal para el capital
gringo y para el europeo convertido en potencia subordinada que regresa
en plan neocolonial.
Pretendían
y consiguieron la máxima liberalización comercial, incluyendo los servicios y
la desregulación de las inversiones.
En política eso es pasar el poder de los gobiernos elegidos a agentes
económicos como las transnacionales, que ponen el beneficio por encima de los
derechos humanos y del medio ambiente.
Los dos acuerdos comerciales se firmaron
con un país del que se sabe que está en guerra hace medio siglo, en el que se violan los derechos
humanos de manera impune, sistemática y masiva. Sin embargo tuvieron los
hígados para hacer negocios encima de tres mil sindicalistas asesinados-as,
seis millones de personas desplazadas y despojadas de sus tierras,
decenas de miles desaparecidas, miles más encarceladas o amenazadas
-hasta el momento- por oponerse al saqueo, a la violencia impune con que se ejecuta, a
la injusticia social y la devastación resultante.
Los dos tratados tienen clausulas de
salvaguarda para los derechos humanos, introducidas por la movilización
sostenida y valiente del pueblo colombiano, y por el trabajo solidario,
sistemático, de personas, organizaciones sindicales , ongs y
partidos de izquierda en el ámbito internacional, en la última
década.
El tratado con los Estados Unidos tenía
como requisito el Plan de Acción Laboral conocido como el Plan Obama-Santos,
para el respeto de los derechos laborales y sindicales. Pero durante su
vigencia han sido asesinados 81 sindicalistas y centenares amenazados. En
cuanto al tratado con la Unión Europea ratificado en mayo del 2013 en el
Congreso español con los votos del PP, PPSOE, CIU y PNV, y el rechazo de
Izquierda Plural, ERC, CC y Amaiur, entró en vigencia hace 14 meses y
tiene una cláusula con propósitos similares e idénticos resultados.
Desde la entrada en vigor de los TLC la
situación de los derechos humanos en Colombia ha empeorado[1]. Se incrementaron las
persecuciones, las amenazas, atentados y asesinatos de
sindicalistas, defensores-as de los derechos humanos, reclamantes de tierras,
dirigentes campesinos-as, indígenas y negros, así como ambientalistas que se
oponen a la gran minería y a las represas.
El Programa Somos Defensores[2] registró 30
asesinatos de defensores de los derechos humanos en el primer semestre de este
año. La ONU denunció estos ataques y señaló que las medidas de protección
otorgadas por el gobierno colombiano no son efectivas, llamó a ayudar a
protegerlas. La Central Unitaria de Trabajadores CUT [3] y un grupo de
víctimas denunciaron 191 amenazas de muerte hace dos semanas. El gobierno está
dejando sin esquema de seguridad a sindicalistas amenazados-as por oponerse al
neocolonialismo. Cinco sindicalistas de CUT Colombia están refugiados
temporalmente en Asturias, uno de ellos, maestro de escuela, sobrevivió a un
atentado hace cinco meses, otro, un joven dirigente sindical campesino, está
amenazado por militares y paramilitares por oponerse a la privatización del
páramo del Sumapaz que provee de agua a Bogotá.
Como asunto funcional a las
transnacionales el gobierno desprotege a los opositores amenazados y ponen miles
de soldados del ejército nacional a cuidar las infraestructuras de las
corporaciones. Comunidades indígenas y campesinas -como en el Cauca y
Catatumbo- exigen que se vayan de sus territorios. Padecen a diario graves
abusos de las tropas que ahora actúa también como un ejército de
ocupación al servicio de intereses foráneos.
Ambos tratados se dieron a conocer
cuando ya estaban cocinados. Los dos fueron presentados en los
medios como un aporte a la paz y al desarrollo de Colombia, gracias a la
inversión internacional.
En la realidad se incrementó la
producción minera y la agricultura industrial, y con
ellas los problemas sociales y ambientales. Ambos tratados son hoy un desastre
para los pueblos indígenas, los campesinos, los pequeños y medianos
empresarios, los obreros y desposeídos urbanos sometidos a la informalidad
laboral, al contrato basura y sin derechos, al desplazamiento
masivo, al hambre y a la falta de garantías para el ejercicio de las
libertades básicas incluidas las sindicales, en una democracia que hace tiempo
criminalizó la protesta social para darle garantías a los inversionistas con la
excusa de la seguridad nacional.
Es un mal resultado, similar al de
México y sus 20 años de tratado comercial con los Estados Unidos.
Estamos perdiendo el derecho
a producir y a comer alimentos sanos. Nuestra alimentación pasó de ser un
derecho a convertirse en mercancía en manos de las transnacionales. Las
importaciones sin aranceles de alimentos excedentarios y subsidiados en el
norte están quebrando a los productores campesinos de maíz, papa, arroz,
fríjol, trigo, sorgo, aves, cerdos, carne de res y leche, pero los
precios en los supermercados no bajan.
A espaldas nuestras y con el permiso
del gobierno colombiano las multinacionales se repartieron el país. Amenazan con
dejar sin territorio vital y exterminar a los pueblos indígenas, a las
comunidades negras que han cuidado las selvas y la biodiversidad por
siglos.
Los dos tratados resultaron ser armas
de destrucción masiva de la economía campesina, de la soberanía alimentaria, de
las culturas indígenas y del medio ambiente.
Estos acuerdos privatizan a eternidad
lo público,
sobre todo las empresas rentables y estratégicas del estado, los servicios que
son derechos como salud y la educación, los terrenos urbanos, los
territorios y los recursos naturales, el agua, los ríos, la tierra y las
semillas… como respuesta a una agresión de ese tamaño los pueblos de Nuestra América
se siguen levantando con movilizaciones masivas, sostenidas,
unitarias, contundentes.
En agosto del año pasado durante 24
días decenas de miles de campesinos, indígenas, opositores de los tratados de
libre comercio, se movilizaron en 22 de departamentos de Colombia
protestando por la imposición de un futuro de mayor miseria y destrucción
ambiental. Doce fueron asesinados por la fuerza pública, 485 heridos, 262
detenidos, pero ya están convocándose pues la lucha contra estos tratados
comerciales continúa en todos los territorios donde ya no se acepta
ser mayoría excluida, ni pueblo sobrante en su propia tierra.
A pesar de lo que costó incluirlas, las
cláusulas de derechos humanos de los dos tratados no son efectivas porque no
son vinculantes y aún no están claros los mecanismos para hacerlas valer. Por
eso fue una vergüenza que la Unión Europea, al día siguiente de recibir el
Nobel de la Paz, aprovechara para ratificar el TLC con una Colombia en guerra.
Estamos comprobando que el predicado
del respeto por los derechos humanos y laborales era, como las promesas de
desarrollo sostenible y empleo digno, otra farsa de este neoliberalismo
violento y matrero que ofende a la dignidad y compromete el futuro de los
pueblos.
Viendo los resultados en México y
Colombia se prenden con razón las alertas entre los pueblos de la Unión Europea
por el secretismo y otras similitudes con el que avanzan las conversaciones
para la imposición de un tratado de comercio con los Estados Unidos, lo que
afectaría asuntos sensibles como la alimentación, la sanidad, los derechos
laborales, la seguridad social y lo que queda del estado del
bienestar en Europa.
¡ Vienen a por todo ¡ gritaron
multitudes hace diez años en un Oviedo tomado por las manifestaciones contra el
ECOFIN y contra la guerra de Iraq.
No podemos cerrar los ojos ante el
poder desbordado que le dejamos a las transnacionales. Es una lucha global por
nuestros derechos y por los de la Madre Tierra. En Nuestra América la
movilización sostenida, mecanismos como la consulta popular, la consulta
previa, la huelga, la autogestión comunitaria, las diversas formas
de resistencia dentro del territorio, la diversidad cultural, los
planes de vida colectivos, la pelea en las instituciones políticas y
judiciales, junto con la solidaridad internacional, han logrado parar
muchas privatizaciones y despojos, proteger selvas y culturas. Pero la lucha
sigue.
Sabemos que las condiciones
de vida de las próximas generaciones pueden empeorar mucho si permitimos que
los pájaros del capital financiero y de las transnacionales sigan
imponiendo la injusticia y la destrucción ambiental en todo el planeta. Sus
ganancias no son nuestro desvelo.
[2] http://somosdefensores.org/index.php/en/publicaciones/informes-siaddhh/89-informe-semestral-siaddhh-2014-imagina
[3] http://cut.org.co/se-agudiza-crisis-en-derechos-humanos-contra-el-movimiento-sindical-en-colombia/
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