lunes, 19 de agosto de 2013

LOS DERECHOS HUMANOS A 15 HORAS DE INICIADO EL PARO NACIONAL AGRARIO Y POPULAR


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La Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Marcha Patriótica comunica y denuncia ante a la comunidad nacional e internacional la situación de derechos humanos que se presenta transcurridas 15 horas de su inicio, en la jornada del Paro Agrario Nacional, jornada 19 de agosto de 2013.

Hechos
Puerto Frasquilo – Alto Sinú- Sitio La Apartada de Carrizona- Vía Aburrá:

La Policía Nacional y el Ejército Nacional a cargo del subteniente Juan Pablo Rocha Estupiñán tienen retenidos dos buses que se dirigían de Caucasia para El Bagre.

Coello (Tolima):

El Ejército Nacional tiene retenidos cerca de 200 campesinos que se dirigían de Cajamarca hacia Ibagué.

Atlántico:

En el sitio denominado Campo de la Cruz se presentaron agresiones por parte del Esmad, donde resultaron seis personas heridas.

Valle

En la vía Buga-Tuluá se presenta hostigamiento por parte del Esmad y el Ejército Nacional. Se encuentra herido por bala de fusil Alejandro Vargas Niño, menor de edad, trasladado al hospital San José de Buga. Se enfrenta a una laparotomía de emergencia para salvar su vida. Más de cien retenidos: retención de Rodrigo Vargas, defensores de derechos humanos, y a Lorna Bierman, Milena Ricaurte y Alexánder Escobar de la comisión de comunicaciones de Marcha Patriótica, a quienes la Policía Nacional les quitó los equipos de comunicación (una cámara Nikon, un computador, dos cámaras de video y cuadro grabadoras de audio).

Boyacá

Empadronamiento por parte de la Policía a las personas que se transportaban en cinco buses de la UPTC.

Tunja

Dos detenidos: Winston Suarez y Adolfo Camargo, en situaciones diferentes, por parte de la Policía Nacional. Los tienen en la URI de Tunja.

Montería

En la mañana de hoy 19 de agosto 2013, hasta la terminal de transporte de la ciudad de Montería, dos hombres, quienes se identificaron como agentes de la Sijín, amedrantaron e intimidaron a los conductores de transporte público que se disponían a venir hasta el municipio de Tierralta (Córdoba) a recoger y trasladar a los campesinos y campesinas que se disponen para hacer presencia en el paro agrario nacional que se llevará a cabo en el municipio de La Apartada (Córdoba). Los supuestos agentes de la Sijín dijeron a los conductores que “si iban a recoger a esos perros a Tierralta, se atendrían a las consecuencias”.

Fusagasugá

Acciones intimidadoras y de estigmatización por parte de los medios de comunicación, presencia de vehículos oficiales de placas QSD-316 y GMK-401.

Málaga (Santander)
Édgar Zúñiga y Frenyis Jiménez fueron retenidos por la Sijín de Málaga y les fue retenida toda la publicidad del paro.

Cauca

Hostigamientos del Ejército en Balboa, en el municipio de Argelia, señalamientos de infiltración.

Huila

El capitán César Augusto González, comandante de carretera Huila, inmovilizó diez chivas, amenazó a los conductores de las mismas. Desde el viernes, el coronel Francisco Peláez, comandante de Policía Huila, hace señalamientos hacia Lorena Sánchez por radio y prensa de ser la responsable del paro.

Guayabal

La Policía empadronó a tres chivas con 500 campesinos, en Balsillas.

Lérida (Tolima)

Adenauer Alvis Botello, gerente del hospital Reina Sofía de España, autorizó la militarización del mismo. 20 afectivos de la Policía Nacional se tomaron el hospital el día anterior y pasaron la noche dentro del hospital.

La Policía hurtó un celular a Sergio Ricardo Martínez, hijo de la auxiliar de enfermería Luz Dary Guerra, quien fue retenido por dos horas.

Al periodista William Barbosa, del programa Enfoque de la emisora La Veterana del Líbano, le hurtaron una cámara fotográfica que contenía imágenes de la actuación de la Policía dentro del hospital y de la movilización de los campesinos en la vereda La Sierra del municipio del Líbano, siendo agredido el señor Ariel Suárez cuando intermedió en esta situación.

Se reportó al coronel Arango la situación y dijo que no tenía conocimiento.

Nariño

En el municipio de Llorente, la Policía fotografió y empadronó a los campesinos movilizados.

Entrada principal del municipio, a eso de las 11:29 am, en momentos en que los ciudadanos María José Villota y Mario Santacruz se encontraban trasladando material de DDHH y de difusión del Pliego de Peticiones Departamental, fueron detenidos por un grupo de policiales que se negaron a identificarse.

Posterior a la detención, se remitieron de manera violenta a Mario. Ante ese hecho María José acude en su ayuda preguntando a los uniformados el porqué de la detención. De inmediato una oficial mujer la sujeta bruscamente por la espalda, impidiendo su movilidad. Los uniformados dijeron a los ciudadanos que la Policía podía judicializar a quien ellos quisieran.

María José se identificó como defensora de derechos humanos y como beneficiaria de medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que los agentes respondieron que eso a ellos no les importaba. Acto seguido la sujetaron del cabello y la arrojaron a un camión que no tenía placas. Cinco minutos después de recorrido con rumbo desconocido, procedieron a bajarlos del vehículo.

Antes de proceder a liberarlos, uno de los policiales requisó sin autorización el maletín de María José, y se refirió a ella en tono amenazante diciéndole “que dejara de defender guerrilleros y que el material que tenía era material de guerra”.

En medio de la agresión sólo un militar de rango mayor de apellido Giraldo pudo ser identificado.

En el sitio de concentración, policiales y militares decomisaron varios bultos de alimentos que habían sido transportados por los campesinos, diciéndoles a su vez que “sin comida la gente no resistía en la carretera y por tanto no taponaban las vías”.

En el desplazamiento de Ipiales a Rumichaca se presenta intimidación y detención.

Villavicencio

El 18 de agosto de 2013, desde las diez de la noche y durante toda la madrugada, en la salida que va de Villavicencio al municipio de Acacías en intersección con la entrada del barrio Porfía, se encontraron inmovilizados los buses en los que se transportaban campesinos de diferentes municipios del Meta y la región del Losada Guayabero.

Cerca de diez buses fueron inmovilizados por el Comando Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional en cabeza del líder identificado como “Gladiador”, junto con un patrullero de la Dijín y miembros de la Policía Nacional, exigiendo cédula y huella dactilar a los campesinos, con la excusa de revisar antecedentes. El Ejército estuvo consignando los números de los buses, nombres de conductores y de varias personas en libretas por varios de sus militares.

A medida que la Fuerza Pública iba reseñando a los campesinos dejaba seguir los buses. Sin embargo, hubo varias horas en las que no se realizó ninguna actividad y cuando los automotores se dispusieron a continuar su destino, la Fuerza Pública retomó el empadronamiento.

La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro Colombiano DHOC se hizo presente durante el transcurso de la irregularidad, acompañando a las comunidades en todo momento.

Un hecho a destacar fue que uno de los miembros del Ejército Nacional agredió verbalmente a una de las corresponsales de REMA ACPP, amenazándola por su calidad de periodista.

Los últimos buses retenidos lograron transitar a las cinco de la mañana, completando aproximadamente las tres mil personas hasta ese momento. Sin embargo la movilización de vehículos continúo hasta los puntos de concentración el resto del día.

Putumayo:

Carlos Chapuel y Mauricio Yantel, encañonados por dos personas de civil que se identificaron como Ejército Nacional, y trasladados al puesto de Policía de San Miguel, fueron reseñados, fotografiados y retenidos por alrededor de dos horas.

Soacha:

La comunidad que se moviliza de Sibaté a Soacha está siendo perseguida y fotografiada por Policía que se transporta en una motocicleta sin placas y una camioneta con logos de Claro con placas WXK-122, se acercaron a decirles y no hicieron nada.

Atlántico

En el municipio de Sabanalarga el Ejército quitó la luz y más de 250 efectivos se encuentran rodeando a las personas que se encuentran manifestándose.

Anoche el mismo Ejército pasó por 47 hogares del municipio de Campo de la Cruz diciéndole a la gente que no salieran hoy a las marchas y que si salían era bajo su propio riesgo.

Tibasosa (Boyacá)

12 manifestantes heridos por parte de la Policía Nacional en la vía Sogamoso-Tibasosa, donde se están movilizando campesinos y sector salud.

Guaviare

La Policía Nacional detuvo cuatro buses y empadronó a sus ocupantes, saliendo de San José del Guaviare.

En Caquetá, Meta y Huila, La Policía Nacional está ofreciendo recompensas hasta por diez millones de pesos a quienes den información de los líderes del Paro Agrario Nacional.

Exigimos
Exigimos una vez más al Gobierno Nacional se brinden las garantías para que todas las organizaciones y miembros del proceso de la Marcha Patriótica puedan seguir realizando su trabajo, en el marco del cumplimiento del artículo 107 de la Constitución Política Nacional de Colombia de 1991, en el que “Se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse. (…)Los partidos y movimientos políticos se organizarán democráticamente y tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género, y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos. (…) También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”.

Solicitamos
1. A los organismos internacionales encargados de velar por los derechos humanos intervenir con carácter urgente y exigir soluciones al Estado colombiano.
2 A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos el acompañamiento y atención a las situaciones de riesgo en las que se encuentran los líderes sociales, políticos, organizaciones populares y las comunidades que trabajan en la construcción del proceso de Marcha Patriótica.

3 A la comunidad nacional e internacional y a las organizaciones defensoras de derechos humanos se pronuncien frente al hecho a que hace referencia esta denuncia.

Responsabilizamos:

Al Estado colombiano en cabeza del señor Juan Manuel Santos Calderón, la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional seccional, por las violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas por integrantes de las fuerzas regulares del Estado colombiano en la zona de operaciones de las unidades policiales que dirigen, y las posibles vulneraciones que a miembros de esta organización les pueda ocurrir en el futuro.

Instituciones a donde se debe dirigir:

Presidente de la República
Dr. Juan Manuel Santos
Cra. 8 # 7-26, Palacio de Nariño.
Santa Fe de Bogotá. Fax:+57.1.566.20.71

Vicepresidente de la República
Dr. Angelino Garzón.
Tels. (+571) 334.45.07,(+573) 7720130,
E-mail:hernanulloa@presidencia.gov.co
Defensor del Pueblo
Señor Jorge Armando Otálora
Calle 55 # 10-32, Bogotá.
Fax: + 57.1.640.04.91
E-mail: secretaria_privada@hotmail.com ;agenda@agenda.gov.co
Procurador General de la Nación
Señor Alejandro Ordoñez
Cra. 5 #. 15-80, Bogotá.
Fax: +57.1.342.97.23; +571.284.79.49 Fax: +57.1.342.97.23;
E-mail:cap@procuraduria.gov.co, quejas@procuraduria.gov.co;
webmaster@procuraduria.gov.co; cap@procuraduria.gov.co;
reygon@procuraduria.gov.co.
Programa Presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario.
Dra Alma Bibiana Pérez
Calle 7 N° 5-54 Santafé de Bogotá
TEL: (+571) 336.03.11
FAX: (+57 1) 337.46.67
E- mail: almaperez@presidencia.gov.co
E-mail: fibarra@presidencia.gov.co
Fiscalía General de la Nación
Dr. Eduardo Montealegre
Diagonal 22 B No.52-01
Santa fe de Bogotá.
Fax: (+571) 570 20 00
E-mail: contacto@fiscalia.gov.co; denuncie@fiscalia.gov.co
Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

lunes, 12 de agosto de 2013

La llave de la paz: Entre los diálogos y las concesiones


Tres años tratando de construir la paz en medio de la debilidad del gobierno de Santos y las concesiones al militarismo. El ELN sigue esperando decisión del Gobierno de establecer diálogos
Cuando el siete de agosto de 2010, hace tres años, el presidente Juan Manuel Santos hizo alusión a la llave de la paz en su mano, en disposición de abrir la puerta si se daban ciertas condiciones y exigencias planteadas a la guerrilla, muy pocas personas conocían que el mandatario, a través de un empresario vallecaucano, amigo de Pablo Catatumbo, estaba buscando acercamientos con el comandante de las FARC-EP, Alfonso Cano, sobre quien había un asedio de casi 5.000 miembros de la Fuerza Pública desde el Cañón de las Hermosas y a lo largo de la cordillera occidental, hasta el departamento de Cauca.
Por eso, ninguno de los facilitadores de paz, ni siquiera el empresario emisario de la Casa de Nariño, entendió que la persecución militar contra el jefe de las FARC-EP, decidido a establecer diálogos directos con los voceros gubernamentales, culminara con su ejecución, desarmado, sin sus anteojos y en estado de indefensión, por los miembros del Ejército que lo ubicaron en las montañas del Cauca, el 4 de noviembre de 2011. Se temió que era el final de los acercamientos.
Timoleón Jiménez, quien tenía las maletas listas para encabezar la delegación de las FARC-EP en los diálogos, tuvo que desempacar, porque ante la muerte de Cano fue designado por el Secretariado y el Estado Mayor Central para asumir la comandancia de la organización insurgente. Con serenidad, no obstante lo reciente de la muerte de Alfonso Cano y unos meses antes de Jorge Briceño, consideró que el mejor homenaje a la memoria de ellos era continuar con los acercamientos y consolidar un proceso de búsqueda de la paz estable y duradera. Al fin y al cabo el legado del legendario comandante Manuel Marulanda Vélez quedó establecido en una frase lapidaria: “La paz es una bandera de los revolucionarios”. El Secretariado lo acompañó en la decisión y, además, con un fuerte gesto de paz, decidió la suspensión de las retenciones de personas por razones económicas. Un gesto muy evidente.
Pasos definitivos
No fue fácil para las FARC-EP creerle al presidente Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, partícipe de la “seguridad democrática” y responsable de actos como la muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y la persecución contra varios dirigentes de izquierda a los que quiso meter a la cárcel con las “pruebas” del computador mágico de Raúl Reyes. Con frecuencia, el entonces ministro. se ufanaba de los golpes propinados a “los terroristas de las FARC” y cantó el fin del fin y la liquidación de la fuerza guerrillera. Santos, hace tres años, había proclamado a Uribe Vélez como segundo libertador de Colombia y se proclamó centinela de los tres huevitos, herencia guerrerista y neoliberal de la administración anterior, que fue de dos períodos sucesivos.
Sin embargo, en medio de recelos y desconfianzas, en las reuniones de Río de Oro (Colombia) y La Orcheta, base militar venezolana, los delegados de las FARC: Ricardo Téllez y Andrés París; y del Gobierno Nacional: Alejandro Eder y Jaime Avendaño, habían decidido, en un tira y afloje, que la sede de los diálogos sería La Habana, capital de Cuba. Esta primera etapa, como las posteriores, estaría acompañada por Cuba, Noruega y Venezuela. El propio presidente Hugo Rafael Chávez Frías se puso al frente de los operativos logísticos, definitivos para que se pudiera llegar al momento del “diálogo exploratorio” de La Habana. Todos los garantes, acompañantes y facilitadores, pocos por cierto, cumplieron a cabalidad con el pacto de confidencialidad y secreto, aunque hubo filtraciones hacia el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, enemigo de los diálogos de paz, por parte de algunos mandos militares.
Acuerdo importante e integral
El 23 de febrero de 2012, empezó la fase exploratoria. Las delegaciones, del Gobierno encabezada por Sergio Jaramillo y Enrique Santos Calderón; y de las FARC-EP por Mauricio Jaramillo, sucesor de Jorge Briceño en el poderoso e influyente Bloque Oriental, lograron, seis meses después, bajo estricto secreto, apenas roto tres días antes del anuncio público, el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Fue un importante esfuerzo de ambas partes, divulgado por el presidente de la República y el comandante de las FARC en alocuciones públicas seguidas y por separado.
El 18 de octubre de 2012 fue instalada la Mesa de Diálogos en Oslo, capital de Noruega, con las intervenciones de Humberto de la Calle Lombana, designado cabeza del equipo del Gobierno para la etapa de los diálogos e Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, tres meses después fortalecida con la presencia de Pablo Catatumbo. Ambas intervenciones plantearon la decisión de buscar la paz, pero plantearon los puntos de vista de cada uno, contradictorios y antagónicos. Las diferencias quedaron planteadas desde el principio.
El Gobierno considera que está ante una guerrilla derrotada que debe desmovilizarse y la insurgencia, sin afanes, pretende la paz con democracia y justicia social.
El “Acuerdo General”
El “Acuerdo General”, suscrito por los voceros gubernamentales y de la insurgencia, es histórico, trascendental e integral. Contiene un preámbulo, un contexto doctrinario, la agenda del diálogo y los procedimientos del mismo. Adopta como modalidad el concepto de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. El Gobierno Nacional impone dialogar en medio de la guerra, desechando pactar una tregua o cese de fuegos bilateral, decisión que prolonga la tragedia de la confrontación armada.
El “Acuerdo General” define de entrada la existencia del conflicto, su naturaleza política y abre la puerta para el debate de temas políticos, sociales y económicos de fondo: “El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso”, está consignado en el contexto. Más claro no canta un gallo, desvirtúa la prédica gubernamental de que el modelo económico y las consecuencias nefastas en las regiones en materia social y ambiental, como la explotación minero-energética, no son parte de la agenda y por ende no están en el debate ni en el acuerdo final. Según el criterio gubernamental.
El “Acuerdo General”no contempla tiempos fatales y mucho menos la posibilidad que una de las partes se levante de la mesa. El acuerdo establece la meta precisa de “la terminación del conflicto”, por eso alusiones tales como el plazo hasta noviembre del presente año y la posibilidad de que el Gobierno se levante de la mesa, son violaciones del acuerdo firmado.
Importantes logros
Desde noviembre del año pasado se inició la discusión de la agenda. El primer punto sobre “Política de desarrollo agrario integral” terminó con importantes acuerdos, aunque quedaron algunos temas pendientes, de la mayor importancia, como la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra y extensión y número de las zonas de reserva campesina. El segundo punto de “Participación Política” está en pleno desarrollo, en medio de la agudización del clima social en el país, del incremento de la lucha de clases, el desprestigio del gobierno de Santos y la pérdida de gobernabilidad lo cual debilita su presencia de interlocución ante la insurgencia. El gobierno debe superar el sindrome de la reelección.
La negativa a resolver los problemas sociales a lo largo y ancho del país y el tratamiento de orden público a los mismos, hace perder confianza de la voluntad del Gobierno, que solo demuestra prisa para llegar a un acuerdo de desmovilización que favorezca la reelección de Juan Manuel Santos. Es el resultado, también, del escaso espacio que el Gobierno Nacional le ofrece a la participación ciudadana. Dos foros nacionales, agrario y de participación política, convocados por la Mesa de Diálogos, organizados por el PNUD y la Universidad Nacional, convocaron a miles de ciudadanos en representación de organizaciones políticas, sociales y populares, cuyas propuestas pretenden ser ignoradas por la parte oficial.
Para el movimiento popular está claro que la paz hay que conquistarla con la movilización de masas, fundida a la lucha reivindicativa y social. Es la forma de “meterle pueblo a la paz”, de abrirle paso a un frente amplio por la solución política y el cambio democrático. La paz es posible, nunca se había avanzado tanto reconocen ambas partes, pero aún la llave no sale del bolsillo del presidente Santos, quien no ha logrado cohesionar al Gobierno, convocar a todo el establecimiento y sobre todo sacar a los militaristas y enemigos de la paz de su seno. Son palos en la rueda del diálogo.

Pliego de peticiones del paro nacional agrario y popular

Las organizaciones agrarias y populares en la búsqueda de la Reforma Agraria Estructural con perspectiva territorial e intercultural que contribuya a la soberanía nacional en el marco de una Paz con Justicia Social, se han abierto paso mediante la movilización, la reivindicación y la búsqueda de una solución política al Conflicto social y armado que por décadas han violentado el derecho a la vida, al territorio y a la tierra.
La Constitución Política de Colombia alega como derecho fundamental que, ante la ley, todos somos iguales. Sin distinción alguna, todos los colombianos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Sin embargo, a pesar de estar en la Constitución, este enunciado no se cumple en la realidad. Campesinos, Indígenas, Afrocolombianos y pobladores urbanos hemos vivido en la injusticia y la desigualdad; la marginación económica y política ha sido constante: se nos criminaliza y persigue.
Somos colombianos que hemos buscado por distintos mecanismos acceder a políticas públicas que favorezcan nuestra situación social, para saldar la deuda histórica que el Estado colombiano tiene con el mundo rural. No hemos pedido imposibles, solo pedimos que se nos garanticen los derechos humanos. Con nuestra lucha y organización hemos logrado establecer reivindicaciones en leyes y decretos, que a la luz de la realidad son letra muerta, en algunos casos so pretexto del déficit presupuestal a pesar que cada año los gremios económicos hablan de abundantes ganancias que no se reflejan en nuestros ingresos ni en el mejoramiento de nuestra calidad de vida. Adicional a ello, se ha aplicado todo un paquete legislativo y normativo en materia de producción agropecuaria, minera, energética, vivienda y de servicios públicos que va en contra de los intereses del pueblo y favorecen los intereses del capital nacional e internacional. El índice de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI) según DANE (2005), indicador que refleja el nivel de pobreza y miseria en las poblaciones urbanas y rurales, evidencia que en los municipios de alta ruralidad persisten amplias diferencias en las condiciones de las viviendas, en el acceso y disponibilidad de servicios públicos, en la baja escolaridad y en las escasas posibilidades de generación de ingresos y empleo dignos y permanentes, pese a ello no ha existido una política por parte del Estado que resuelva esta situación; por el contrario, el abandono estatal y la violencia contra los pobladores del campo son cada vez mayores, como lo señala el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011) la tercera parte de la población rural vive en pobreza extrema (Pág. 63). Este mismo informe plantea, según el Índice de Ruralidad (IR), que el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población; un porcentaje mucho mayor que el reconocido por el DANE. Este porcentaje del mundo rural representa el 94,4% del territorio que ha estado históricamente excluida del ejercicio del poder y de la toma decisiones.
No existe un estudio que pueda ubicar en términos presupuestales a cuanto asciende la deuda social que hoy se tiene con el campo, sin embargo, en nuestra realidad, la deuda social se refleja en el despojo, la no adjudicación y dotación de tierras, en el desconocimiento territorial, en la carente política para fortalecer la producción agropecuaria, en la política minera a favor de multinacionales y en contra de comunidades, y mineros pequeños y artesanales, y la ausencia estatal en cuanto programas de inversión social en educación, salud, vivienda, infraestructura vial y servicios públicos se refiere.
Ante el tamaño de la crisis social, el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto para enfrentar estructuralmente los problemas. Por el contrario, ha aplicado una paupérrima política social que se ha enfocado a solucionar con paños de agua tibia la aguda desigualdad e injusticia social: El artículo 65 de la Constitución Política de Colombia de 1991 define “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado”. Sin embargo, la política agraria no ha resuelto la situación de inseguridad alimentaria, desnutrición y hambre de los pobladores del sector urbano y rural: el 58,3% de los hogares rurales se encuentran en algún grado de inseguridad alimentaria, el 20% de los niños menores de cinco años en situación de desnutrición crónica y el 1,3% en situación de desnutrición aguda. Estas cifras muestran una deficiencia en acceso, consumo y disponibilidad de alimentos que se ha prolongado por décadas en las poblaciones rurales y urbanas.
Ante las injusticias vividas, hemos enviado cartas, sostenido reuniones, audiencias, hemos hecho uso del derecho legítimo a la protesta llegando a acuerdos con distintos gobiernos municipales, departamentales, e incluso con el gobierno nacional, para dar solución a los problemas que se generan y viven en la ruralidad, y que afectan al conjunto de la sociedad colombiana. Cada uno de estos acuerdos ha sido incumplido de manera sistemática por el Estado y sus diferentes instituciones.
Frente a este panorama, se requiere una política pública agraria coherente con las necesidades del pueblo colombiano, la cual debe ser construida, con la participación directa y decisiva del movimiento agrario y popular; una política pública que dignifique la calidad de vida de la población campesina, urbana, afrocolombiana e indígena, que reconozca la significativa participación que hoy día tiene la economía campesina y ancestral como un renglón estratégico de la economía nacional y la fortalezca.
La inversión social en seguridad social, educación, salud, infraestructura es fundamental para garantizar los derechos humanos que tenemos las comunidades rurales. Debe ser capaz de atender las demandas sociales, y que requiere la participación del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías y en especial de las carteras de Salud, Educación, Hacienda, Vivienda, Agricultura, Minas y Energía; y de instituciones estatales como el INCODER, el Instituto Nacional de vías, Transporte, Fondo Nacional de Vivienda, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ICBF y Fondo de Adaptación, en una acción coordinada para enfrentar de manera integral los problemas que aquejan los pobladores rurales y urbanos.
Amparados en la legitimidad de nuestro derecho a la protesta, exigimos al gobierno el cumplimiento de 6 obligaciones políticas y legales básicas:
1. Exigimos la implementación de medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria.
2. Exigimos acceso a la propiedad de la tierra.
3. Exigimos reconocimiento a la territorialidad campesina.
4. Exigimos la participación efectiva de las comunidades y los mineros pequeños y tradicionales en la formulación y desarrollo de la política minera.
5. Exigimos se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural.
6. Exigimos inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías.
Las organizaciones y comunidades agrarias y populares presentamos ante el Presidente Juan Manuel Santos como jefe de Estado nuestras demandas sociales, económicas y políticas, buscando que mediante el diálogo encontremos la mejor manera de resolver el conflicto económico, político y social que vivimos. De parte nuestra ya están los voceros nacionales para iniciar el dialogo y conformar la Mesa de Interlocución y Acuerdo Agropecuario y Popular, escenario que proponemos como la instancia para abordar el pliego de peticiones y llegar a acuerdos.
Anunciamos al país que nos sumamos a la realización al Paro Nacional Agrario para el 19 de Agosto, teniendo en cuenta los antecedentes de incumplimiento y abandono por parte del Estado. Ponemos a consideración este pliego general a sectores sociales y populares, para que en unidad, organización y movilización, en una voz potente le exijamos al gobierno que cumpla con lo que nos pertenece.
1. EXIGIMOS IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES FRENTE A LA CRISIS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
1.1 Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, de manera independiente al comportamiento de los precios en el mercado nacional e internacional, con los cuales garantizar una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Para tal fin, se deberá implementar un fondo nacional de compensación que cubra las diferencias existentes entre los costos de producción y el precio de venta de los productos, acompañado de la garantía de compra de cosechas por parte del Estado para pequeños y medianos productores agropecuarios, asegurando el acceso a los mercados en las ciudades.
1.2. Reducción de los precios de los combustibles y peajes, concertando nuevas tarifas con transportadores y productores agropecuarios.​
1.3. Control de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios. De igual forma, promoción efectiva de la producción limpia y agroecológica.
1.4. Exigimos la derogatoria de la política antidroga y solicitamos acordar una política de sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, marihuana y amapola, así como el fin de las fumigaciones y de la erradicación manual.
1.5. Derogatoria de la normatividad que afecta la producción, transformación y comercialización agropecuaria de pequeños y medianos campesinos, incluyendo lo relativo a la despensa y manejo de semillas ancestrales y tradicionales y los encadenamientos productivos para el sector. Concertación de legislación para la promoción de la producción agropecuaria de pequeña y mediana escala, creando un fondo nacional para su financiación y garantías efectivas para el acceso a los mercados.
1.6. Frenar las importaciones de alimentos y productos agropecuarios, particularmente de café, cacao, arroz, papa, leche y productos lácteos. Suspender y revisar, en conjunto con las organizaciones de pequeños y medianos productores, los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea y demás países.
1.7. Condonación total de las deudas adquiridas por pequeños y medianos productores agropecuarios con el sistema financiero. Definición de una política de subsidios para pequeños y medianos productores a través de la banca pública.
1.8. Adopción de seguros de cosechas frente a problemas derivados de condiciones climáticas y/o fitosanitarias, para la pequeña y mediana producción agropecuaria que sean otorgados directamente por el Estado, sin intermediación del sector privado del sistema financiero. 1.9. Diseño concertado de una política pública de fortalecimiento de la economía campesina basada en el reconocimiento de las ventajas sociales, económicas, y ambientales que ésta provee para seguridad alimentaria del país, la protección de los medios de vida campesinos y la sostenibilidad ambiental.
2. EXIGIMOS ACCESO A LA PROPIEDAD DE LA TIERRA
2.1 Exigimos la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos, que carecen de ella, la poseen de manera insuficiente o están en posesión de baldíos que no han sido adjudicados, para lo cual debe ordenarse al INCODER celeridad en el cumplimiento de la ley 160/94 en cuanto a compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad, y la adjudicación y formalización inmediata de titularidad de las tierras baldías que ocupan los campesinos, soportada en programas de asistencia técnica y social, inversión, tecnología, y mercadeo que garanticen el despliegue de la economía campesina, así como el de la pequeña y mediana producción.
2.2 La inmediata aplicación del decreto 1277/2013 de dotación de tierras por el INCODER, y la ampliación de su capacidad financiera para garantizar mayor cobertura y la adjudicación colectiva a las comunidades afrodescendientes e indígenas. De igual manera, el reconocimiento de la autonomía de las comunidades sobre los territorios ya adjudicados.
2.3 Detener la política de extranjerización de tierras; esclarecer las operaciones o transacciones que han permitido el acaparamiento por capital extranjero; revertir estas operaciones y que las tierras revertidas formen parte del fondo para la adjudicación y dotación de quienes no la tienen.
2.4 Iniciar, adelantar y culminar en el término máximo de un (1) año, los procedimientos de extinción administrativa de dominio de las tierras concentradas y ociosas, de las que campesinos vienen siendo poseedores, para luego adjudicarlas a éstos.
2.5 Garantizar el estricto cumplimiento de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) en todos los procesos de adjudicación de tierras, la reversión de las adjudicaciones practicadas con exceso o defecto de la misma, así como la generación de las condiciones que garanticen el nivel de ingresos y de sostenibilidad de la economía campesina que esta figura promueve.
3. EXIGIMOS RECONOCIMIENTO A LA TERRITORIALIDAD CAMPESINA, DE AFRODESCENDIENTES E INDÍGENAS
3.1 La delimitación y constitución inmediata de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en los territorios en los que ya se cumplieron todos los trámites para su constitución, dando cumplimiento a los acuerdos establecidos en las audiencias públicas de las ZRC.
3.2 Iniciar y culminar los trámites de delimitación y constitución de las Zonas de Reserva Campesina en los territorios que las comunidades soliciten, en un término no mayor a un (1) año a partir de la solicitud.
3.3 La financiación y ejecución de los planes de desarrollo sostenible en las Zonas de Reserva Campesina constituidas y las que se constituyan.
3.4 Conformación tanto del Sistema Nacional como el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina.
3.5 Respeto y prevalencia de las figuras de ordenamiento territorial, productivo y ambiental de las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas sobre las zonas de consolidación y recuperación, así como aquellas de desarrollo agroempresarial.
3.6 Celeridad en el trámite de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas y territorios colectivos afrodescendientes, reconociendo sus derechos ancestrales, y en concertación con las comunidades campesinas en los casos de coexistencia intercultural en los territorios. Para ello, se deberá promover la constitución de territorios interétnicos que garanticen la sostenibilidad y convivencia pacífica de las diversas identidades culturales y territorialidades.
4. EXIGIMOS LA PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS COMUNIDADES Y LOS MINEROS TRADICIONALES Y PEQUEÑOS EN LA FORMULACION DE LA POLITICA DE EXPLOTACIÓN MINERA Y ENERGÉTICA.
4.1 Detener la concesión de títulos mineros y revertir las concesiones efectuadas, hasta tanto se defina concertadamente con las comunidades rurales la política minera del país, en la que se garantice el derecho prevalente de las comunidades étnicas a ser beneficiarias de las concesiones y se brinden garantías para la minería artesanal.
4.2 Respeto irrestricto a las consultas populares sobre explotación minera ya realizadas.
4.3 Reconocimiento y formalización de la minería artesanal, pequeña y mediana.
4.4 Definición concertada con los mineros artesanales pequeños y medianos y las comunidades de un nuevo Código de Minas y Recursos Naturales. Redefinir los tiempos máximos para la explotación minera, los mecanismos de mitigación de los efectos de esta actividad, los métodos para su realización y la participación nacional y local de los réditos económicos.
4.5 Construcción de una nueva ley de regalías que redefina la participación nacional y local de los beneficios económicos de la actividad minera.
4.6 Realización de estudios de viabilidad para cada uno de los proyectos de megaminería en ejecución y en proyección, como base para la toma de definiciones frente a la realización o continuidad de dichos proyectos. Estos estudios deben tener por base los efectos ambientales y sociales que la ejecución de cada proyecto acarrearía, así como el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
4.7 Sujeción del desarrollo de producción minera y energética a los Planes de Desarrollo Sostenibles de las ZRC, así como a Planes de Ordenamiento Territorial construidos participativamente y con atención a estudios sobre vocación del suelo.
4.8 Suspender la construcción de hidroeléctricas que afecten los territorios y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
4.9 Apertura de una discusión nacional sobre la propiedad del subsuelo.
5. EXIGIMOS SE ADOPTEN MEDIDAS Y SE CUMPLAN GARANTIAS REALES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA POBLACIÓN RURAL.
5.1 Reconocimiento por parte del Estado colombiano de los derechos, plasmados en la Declaración sobre los derechos de las campesinas y los campesinos aprobada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que hace trámite en la ONU, mediante la incorporación de sus orientaciones y derechos en la legislación interna y en las políticas públicas.
5.2 Participación efectiva y con carácter decisorio en los consejos y juntas directivas de las entidades del Estado que tienen que ver con la atención a la población rural.
5.3 Otorgar el derecho al Consentimiento previo, libre e informado a las comunidades campesinas sobre proyectos y normativas que afecten su entorno, en lo social, lo político, lo ambiental, lo económico y lo cultural.
5.4 Participación amplia, efectiva y con carácter decisorio en las instancias de planeación y definición de la política de producción agropecuaria y desarrollo rural, para las organizaciones y comunidades campesinas, a través de mecanismos definidos de manera autónoma. Democratización real de la Federación Nacional de Cafeteros.
6. EXIGIMOS INVERSIÓN SOCIAL EN LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, SERVICION PÚBLICOS Y VÍAS.
6.1 Exigimos un plan progresivo para el acceso, cobertura integral de población rural al sistema de educación básica, media, superior y técnica que atienda y preserve la identidad de las comunidades agrarias y la sostenibilidad de sus modos de vida.
6.2 Exigimos la derogatoria de la ley 30 de 1992, de educación superior, y la concertación con la sociedad de una nueva ley que reconozca la educación como derecho fundamental y bien común, y con enfoque diferencial.
6.3 Exigimos el nombramiento inmediato de la planta docente calificada para la educación que requieren las comunidades agrarias, dotada de los derechos y condiciones laborales.
6.4 Exigimos la derogatoria de la Ley 100 y de la Nueva Ley Estatutaria, así como la concertación con la sociedad de una nueva legislación en salud que garantice el derecho fundamental de forma integral y que contenga elementos diferenciales para el campo.
6.5 Exigimos la definición de un sistema de seguridad social para campesinos, indígenas y afrodescendientes, con el cual se otorgue pensión y aseguramiento en riesgos profesionales.
6.6 Exigimos partidas presupuestales para inversión social en infraestructura y dotación para educación, salud, producción, vías, red eléctrica, saneamiento básico, agua y alcantarillado.
6.7 Exigimos se detenga la privatización y se reviertan el manejo a los municipios de los servicios de saneamiento básico, agua y alcantarillado con un criterio social.
6.8 Exigimos la condonación de las deudas de los usuarios de servicios públicos y se levanten los embargos que se han efectuado por este motivo.
6.9 Devolución de las micro-centrales hidroeléctricas a las comunidades.
6.10 Exigimos una nueva tabla de tarifas justas de servicios públicos, que correspondan a los costos y no a la especulación.
6.11 Exigimos que los acueductos comunitarios sean manejados por las comunidades con criterio social y no empresarial.
6.12 Exigimos la destinación de recursos para el mejoramiento y construcción de vivienda urbana y rural. Mientras se resuelva, el gobierno otorgará el derecho de arrendamiento mensual a la población de los asentamientos sin vivienda y quienes están en arrendamiento.
MESA NACIONAL AGROPECUARIA Y POPULAR DE INTERLOCUCIÓN Y ACUERDO
- MIA NACIONAL-
¡Por la vida y contra el desarraigo!
¡Viva el Paro Nacional Agrario y popular del 19 de Agosto!
Informes: mia.agropecuariaypopular@gmail.com