Tres años tratando de construir la paz en medio de la debilidad del gobierno de Santos y las concesiones al militarismo. El ELN sigue esperando decisión del Gobierno de establecer diálogos
Cuando el siete de agosto de 2010, hace tres años, el presidente Juan Manuel Santos hizo alusión a la llave de la paz en su mano, en disposición de abrir la puerta si se daban ciertas condiciones y exigencias planteadas a la guerrilla, muy pocas personas conocían que el mandatario, a través de un empresario vallecaucano, amigo de Pablo Catatumbo, estaba buscando acercamientos con el comandante de las FARC-EP, Alfonso Cano, sobre quien había un asedio de casi 5.000 miembros de la Fuerza Pública desde el Cañón de las Hermosas y a lo largo de la cordillera occidental, hasta el departamento de Cauca.
Por eso, ninguno de los facilitadores de paz, ni siquiera el empresario emisario de la Casa de Nariño, entendió que la persecución militar contra el jefe de las FARC-EP, decidido a establecer diálogos directos con los voceros gubernamentales, culminara con su ejecución, desarmado, sin sus anteojos y en estado de indefensión, por los miembros del Ejército que lo ubicaron en las montañas del Cauca, el 4 de noviembre de 2011. Se temió que era el final de los acercamientos.
Timoleón Jiménez, quien tenía las maletas listas para encabezar la delegación de las FARC-EP en los diálogos, tuvo que desempacar, porque ante la muerte de Cano fue designado por el Secretariado y el Estado Mayor Central para asumir la comandancia de la organización insurgente. Con serenidad, no obstante lo reciente de la muerte de Alfonso Cano y unos meses antes de Jorge Briceño, consideró que el mejor homenaje a la memoria de ellos era continuar con los acercamientos y consolidar un proceso de búsqueda de la paz estable y duradera. Al fin y al cabo el legado del legendario comandante Manuel Marulanda Vélez quedó establecido en una frase lapidaria: “La paz es una bandera de los revolucionarios”. El Secretariado lo acompañó en la decisión y, además, con un fuerte gesto de paz, decidió la suspensión de las retenciones de personas por razones económicas. Un gesto muy evidente.
Pasos definitivos
No fue fácil para las FARC-EP creerle al presidente Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de Álvaro Uribe Vélez, partícipe de la “seguridad democrática” y responsable de actos como la muerte de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano y la persecución contra varios dirigentes de izquierda a los que quiso meter a la cárcel con las “pruebas” del computador mágico de Raúl Reyes. Con frecuencia, el entonces ministro. se ufanaba de los golpes propinados a “los terroristas de las FARC” y cantó el fin del fin y la liquidación de la fuerza guerrillera. Santos, hace tres años, había proclamado a Uribe Vélez como segundo libertador de Colombia y se proclamó centinela de los tres huevitos, herencia guerrerista y neoliberal de la administración anterior, que fue de dos períodos sucesivos.
Sin embargo, en medio de recelos y desconfianzas, en las reuniones de Río de Oro (Colombia) y La Orcheta, base militar venezolana, los delegados de las FARC: Ricardo Téllez y Andrés París; y del Gobierno Nacional: Alejandro Eder y Jaime Avendaño, habían decidido, en un tira y afloje, que la sede de los diálogos sería La Habana, capital de Cuba. Esta primera etapa, como las posteriores, estaría acompañada por Cuba, Noruega y Venezuela. El propio presidente Hugo Rafael Chávez Frías se puso al frente de los operativos logísticos, definitivos para que se pudiera llegar al momento del “diálogo exploratorio” de La Habana. Todos los garantes, acompañantes y facilitadores, pocos por cierto, cumplieron a cabalidad con el pacto de confidencialidad y secreto, aunque hubo filtraciones hacia el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, enemigo de los diálogos de paz, por parte de algunos mandos militares.
Acuerdo importante e integral
El 23 de febrero de 2012, empezó la fase exploratoria. Las delegaciones, del Gobierno encabezada por Sergio Jaramillo y Enrique Santos Calderón; y de las FARC-EP por Mauricio Jaramillo, sucesor de Jorge Briceño en el poderoso e influyente Bloque Oriental, lograron, seis meses después, bajo estricto secreto, apenas roto tres días antes del anuncio público, el “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. Fue un importante esfuerzo de ambas partes, divulgado por el presidente de la República y el comandante de las FARC en alocuciones públicas seguidas y por separado.
El 18 de octubre de 2012 fue instalada la Mesa de Diálogos en Oslo, capital de Noruega, con las intervenciones de Humberto de la Calle Lombana, designado cabeza del equipo del Gobierno para la etapa de los diálogos e Iván Márquez, jefe de la delegación de paz de las FARC-EP, tres meses después fortalecida con la presencia de Pablo Catatumbo. Ambas intervenciones plantearon la decisión de buscar la paz, pero plantearon los puntos de vista de cada uno, contradictorios y antagónicos. Las diferencias quedaron planteadas desde el principio.
El Gobierno considera que está ante una guerrilla derrotada que debe desmovilizarse y la insurgencia, sin afanes, pretende la paz con democracia y justicia social.
El “Acuerdo General”
El “Acuerdo General”, suscrito por los voceros gubernamentales y de la insurgencia, es histórico, trascendental e integral. Contiene un preámbulo, un contexto doctrinario, la agenda del diálogo y los procedimientos del mismo. Adopta como modalidad el concepto de que “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. El Gobierno Nacional impone dialogar en medio de la guerra, desechando pactar una tregua o cese de fuegos bilateral, decisión que prolonga la tragedia de la confrontación armada.
El “Acuerdo General” define de entrada la existencia del conflicto, su naturaleza política y abre la puerta para el debate de temas políticos, sociales y económicos de fondo: “El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente, es garantía de paz y progreso”, está consignado en el contexto. Más claro no canta un gallo, desvirtúa la prédica gubernamental de que el modelo económico y las consecuencias nefastas en las regiones en materia social y ambiental, como la explotación minero-energética, no son parte de la agenda y por ende no están en el debate ni en el acuerdo final. Según el criterio gubernamental.
El “Acuerdo General”no contempla tiempos fatales y mucho menos la posibilidad que una de las partes se levante de la mesa. El acuerdo establece la meta precisa de “la terminación del conflicto”, por eso alusiones tales como el plazo hasta noviembre del presente año y la posibilidad de que el Gobierno se levante de la mesa, son violaciones del acuerdo firmado.
Importantes logros
Desde noviembre del año pasado se inició la discusión de la agenda. El primer punto sobre “Política de desarrollo agrario integral” terminó con importantes acuerdos, aunque quedaron algunos temas pendientes, de la mayor importancia, como la exagerada concentración de la propiedad sobre la tierra y extensión y número de las zonas de reserva campesina. El segundo punto de “Participación Política” está en pleno desarrollo, en medio de la agudización del clima social en el país, del incremento de la lucha de clases, el desprestigio del gobierno de Santos y la pérdida de gobernabilidad lo cual debilita su presencia de interlocución ante la insurgencia. El gobierno debe superar el sindrome de la reelección.
La negativa a resolver los problemas sociales a lo largo y ancho del país y el tratamiento de orden público a los mismos, hace perder confianza de la voluntad del Gobierno, que solo demuestra prisa para llegar a un acuerdo de desmovilización que favorezca la reelección de Juan Manuel Santos. Es el resultado, también, del escaso espacio que el Gobierno Nacional le ofrece a la participación ciudadana. Dos foros nacionales, agrario y de participación política, convocados por la Mesa de Diálogos, organizados por el PNUD y la Universidad Nacional, convocaron a miles de ciudadanos en representación de organizaciones políticas, sociales y populares, cuyas propuestas pretenden ser ignoradas por la parte oficial.
Para el movimiento popular está claro que la paz hay que conquistarla con la movilización de masas, fundida a la lucha reivindicativa y social. Es la forma de “meterle pueblo a la paz”, de abrirle paso a un frente amplio por la solución política y el cambio democrático. La paz es posible, nunca se había avanzado tanto reconocen ambas partes, pero aún la llave no sale del bolsillo del presidente Santos, quien no ha logrado cohesionar al Gobierno, convocar a todo el establecimiento y sobre todo sacar a los militaristas y enemigos de la paz de su seno. Son palos en la rueda del diálogo.
