VIOLENCIA CONTRA EL TRABAJO

¿CUANTOS ATROPELLOS?, ¿QUIENES LOS CULPABLES?

Cundinamarca  tierra de luchas agrarias, Sumapáz cuna de inicio de éstas, encontramos el páramo más grande del planeta, desarrollado y habitado por campesinos que por obra de la violencia se han visto forzados a llegar hasta allí, igualmente, aquellos que han llegado atraídos por la esperanza de las bondades de estas tierras, que desde allí campesinos y campesinas resisten  contra la hambronería  del gran capital y la más brutal etapa de violencia y despojo de tierras contra ellos. Miles de historias, entre desplazados, despojados, amenazados, asesinados, es lo que viene quedando de estas luchas  por reclamar lo justo; pero también preciadas enseñanzas de solidaridad, sacrificio, lucha y combate por un  mañana prometedor no solo de los habitantes del Sumapáz y Cundinamarca, sino que ha sido una lucha del pueblo y para el pueblo colombiano.

Cundinamarca que ha sido dividida por provincias, que no ha sido límite para que la lucha se extienda en todo el territorio nacional, desde provincias como Alto Magdalena donde nos encontramos los municipios de Agua de Dios, Jerusalén, Ricaurte, Nariño, Tocaima, Guataquí y Girardot, Soacha con Sibaté, pasamos a la provincia del Tequendama de la cual hacen parte San Antonio, Anapoima, El Colegio, Anolaima, La Mesa, Tena, Cachipay, Quipíle, Apúlo, Viotá, y enmarcamos la lucha de líderes y dirigentes agrarios de estas tierras que aun se encuentran luchando, otros que derramaron su sangre por la misma y que dedicaron toda su vida a defender sus derechos y no vieron un día de paz, la provincia del Sumapáz con sus municipios de Arbeláez, Pandi, Silvania, Cabrera, Pasca, Tibacuy, Fusagasugá, San Bernardo, Venecia, Granada, su parque natural de una extensión de más de 154.000 hectáreas, de las cuales 88.891 hacen parte de la localidad 20 de Bogotá, dividida en tres corregimientos: San Juan, Nazareth y Betania.

Con la fundación de varios municipios entre  1536 a 1794- como Pandi, Tibacuy, Granada y Fusagasugá, este territorio se constituyó bajo el nombre de Hacienda Sumapáz. La región estaba constituida por varias haciendas como Sumapáz alto, El Chocho, Doa y el Hato. Pasaron pocos años de “tranquilidad y estabilidad para los campesinos” puesto que trabajaban como esclavos o arrendatarios, debido a la imposición del latifundismo, que provocó enormes conflictos entre colonos y supuestos propietarios, dando inicio a una época de abuso y explotación por parte de los terratenientes, latifundistas o  hacendados hacia los arrendatarios, quienes tenían que trabajar en las haciendas con bajos salarios y siendo atropellados sus derechos, viviendo con sus familias, unas deplorables condiciones de vida.

Los trabajadores no soportaron más humillación, fue así como a mediados de 1918 los campesinos crearon un sistema de resistencia, que da inicio al surgimiento de las luchas agrarias en varias regiones del país, como Marquetalia, El Pato, Rió chiquito, Guayabero y Sumapáz, En este último, los principales impulsores y orientadores, quienes luchaban por la  tranquilidad y el bienestar del pueblo en el aspecto social y agrario, fueron Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela, organizadores de las colonias en Guatimbol, lucha que iba mas allá de dialogar con los hacendados, puesto que ya estaban organizados y armados para combatir contra los campesinos, con el grupo de los “pájaros” grupo armado de carácter paramilitar, y netamente conservador, cuyo centro de operaciones se ubicaba entre Pandi y Venecia (Cundinamarca), organizado por el terrateniente  Antonio Vargas.

Bajo el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, se clausuró el Congreso, se ilegalizó el Partido Comunista y se organizó la nefasta policía chulavita, que desataría la persecución contra el Partido Liberal y posteriormente contra los reductos comunistas que eran donde se concentraban los trabajadores para realizar su lucha.

El lugar de concentración de los chulavitas en el Sumapáz fue la Concepción, a este sitio fueron llevados varios líderes campesinos, entre estos el líder y organizador de la resistencia Jorge Eliécer Táutiva contra el latifundista Pardo Rocha. “el joven Eliécer Táutiva, hermano de Carlos Julio, estimulado en la lucha por su padre Carlos Julio Táutiva, convencido luchador contra los Pardo Roche, es detenido por chusmero y llevado a La Concepción ante el corregidor Camacho; es terriblemente torturado, le quitan la piel de las manos y las yemas de los dedos por el delito de tocar tiple; también le quitan la piel de la planta de los pies, lo llevan para Cabrera, en el río Sumapáz, en el sitio de Peñas Blancas, lo siguen torturando, lo castran, le rompen las piernas, le amarran una piedra al cuello y lo lanzan a las turbulentas aguas del río…”¹. Este asesinato, como muchos otros que sucedieron, fue motivo para la lucha y resistencia de la organización campesina, metiendo a esta población del país en una de las etapas más duras de resistencia civil.

Este conflicto llevo a la toma drástica de decisiones, algunos con sus familias se desplazaron  hacia las montañas del Meta y Huila, dejando todo a su paso, otros quedaron resistiendo la fuerte acción del gobierno y sus chulavitas, situación que llevo a que muchos de los combatientes campesinos se entregaran al enemigo e inclusive sirvieron de colaboradores, para que así se desatara la más cruenta violencia  contra el campesinado, que después de perder varias vidas, y ante las consistentes  condiciones del conflicto, se vieron obligados en cabeza de Juan De La Cruz Varela a organizar una resistencia campesina de jóvenes y adultos desde las montañas.

En el régimen de Laureano Gómez durante los años 1952-1953, se ordena un bloqueo económico a la región del Sumapáz para evitar el abastecimiento a la guerrilla. Por lo cual, Juan de La Cruz Varela responde organizando sus hombres y constituyendo frentes guerrilleros de resistencia y ataque. Que dio como resultado el destierro de los chulavitas en la concepción al poder entrar en contacto directo con las guerrillas del Tolima, específicamente con el teniente Solito, esto para el 3 de mayo de 1953, que al igual llegó la época del desarme ordenada por el entrante Gustavo Rojas Pinilla al poder, quien bajo la política de “Seguridad Nacional” inicio los diálogos con los reductos liberales, pájaros y chulavitas, dando lugar a un aparente periodo de calma durante 12 años. Periodo en donde murieron asesinados varios jefes liberales como Guadalupe Salcedo y Sangre Negra, mientras que  la consigna continuaba siendo, matar a los comunistas y acabar con sus autodefensas campesinas, consigna compartida tanto por el pueblo que tenia simpatía y compartía ideales liberales, como por conservadores y por la Iglesia, que veían afectados sus intereses económicos por la ideología comunista. El cura párroco Manuel Leal, del municipio de Cabrera, levantó comisiones anticomunistas que se encargaban de informar en Bogotá sobre las gentes organizadas. Se decretaron una serie de operaciones militares desde Pandi hasta Cabrera ordenadas por el general, al punto que los pobladores tenían que portar un salvoconducto que era preguntado por los militares y aquel que no lo portara, era arrestado y enviado donde el párroco, quien decidía si debía ser llevado al campo de concentración ubicado en Cunday donde se practicaban las torturas más crueles.

La violencia cada vez se agudizaba más, puesto que debido a la represión por parte del gobierno, llevaron a que las guerrillas del oriente del Tolima y del Sumapáz se reunieran para dar una ofensiva en donde murieron muchos militares. Ante la decidida resistencia de las fuerzas de la región, el general Rojas abandonó, en 1957, “La pista de aterrizaje”, un sector ubicado en la parte plana del Sumapáz, que funcionaba como pista de aterrizaje y centro de dirección de operaciones, para este periodo el recién constituido municipio de Cabrera estaba pasando una etapa de tranquilidad. Aunque era habitado por comunistas, liberales y conservadores, se vivía bajo parámetros de tolerancia política. En este ambiente, llegó Juan de la Cruz Varela a la presidencia del consejo de Cabrera.

Quienes lucharon en esta época al lado de Erasmo Valencia y Juan de la Cruz Varela fueron: Leopoldo García en Fusagasugá; Paulino Beltrán, Gregorio Mora y César González, con sus hermanos en Pasca; Pedro Pablo Bello y José Alfredo Rojas en Icononzo; Evelio Bobadilla, Pedro José Acosta, Jesús Castro, Dionisio Varela Aldana y Filiberto Romero en Cabrera. Fermín Suárez se encontraba en Venecia, entre tanto en el Alto Sumapáz estaban Diociteo Molina, José Mesa, Alfredo Adames, Reinaldo Pardo, Marcelino Hernández, José Cubillos, José Macana, Reinaldo Riberos, Salvador Castellanos, Ángel María Táutiva, Carlos Julio Táutiva, Gualberto Clavijo y los hermanos Guchuvo entre otros.

Durante el año de 1957 se inicia los diálogos con los guerrilleros del Sumapáz y el oriente del Tolima, con la llegada de la junta militar integrada por los generales del ejército Gabriel Paris, Rafael Navas Pardo y Luís Enrique Ordóñez. Del grupo armado fue delegado el campesino Julio Alfonso Poveda para organizar una reunión con el ministro de gobierno a la que asistieron varios campesinos y el líder agrario Juan de la Cruz Varela. Después de varias horas de diálogos se llegó al acuerdo de la amnistía y el desbloqueo económico a las regiones. Por parte del los guerrilleros se comprometieron al cese de hostilidades y de regresar a sus parcelas. Cabe destacar que las partes cumplieron con lo acordado, el gobierno de la junta militar retiro sus tropas del Alto Sumapáz y respetó la vida de los amnistiados. Los campesinos enterraron las armas y volvieron a sus parcelas, después de esta oleada de violencia y con el fin de la dictadura, los campesinos del Sumapáz, intentaron de nuevo regresar a sus parcelas donde sólo quedaba el rastro de la violencia, los pobladores ahora se enfrentaban a otra clase de violencia por parte de los liberales patrocinados por jefecillos políticos, preocupados por los conflictos de la región. Juan de La Cruz Varela reunió a varios liberales que estaban en desacuerdo con las fechorías e iniciaron una tregua.

La arremetida anticomunista no cesó con la conformación del Frente Nacional  la gente que se habían organizado en guerrillas, sin dejar las armas regresaron a sus tierras. Otros se dedicaron a colonizar varias regiones como El Pato, Caquetá, Guaviare. En los municipios de Pandi, Villarrica, Pasca, Cabrera, Icononzo y el Alto Sumapáz también se arrancó con esta “colonización armada”. Con la entrada del gobierno de Alberto Lleras Camargo se crea el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), esta institución se encargaba de atraer hacia sus filas ex combatientes que se volvieron contrarios a las organizaciones populares. Incluso algunos de ellos se, encargaron del posterior señalamiento y persecución de sus miembros, lo cual dejaba ver que la violencia no paraba por parte del gobierno, ahora se perseguía y se asesinaba dirigentes campesinos. Todo esto bajo la sombra y amparo del estado. Debido a ello se organizó el Comité Pro-Paz del Sumapáz y del oriente del Tolima precedido por Jorge Enrique Castellanos, así como la organización de sindicatos agrarios en los municipios de Cabrera, Nazareth, Venecia y Fusagasugá con sede en San Juan de Sumapáz.

En su afán de justificar el aniquilamiento del movimiento agrario y popular Álvaro Gómez Hurtado denomina  las regiones de Marquetalia, Rió chiquito, Pato, Guayabero, Sumapáz y Viotá, como “Repúblicas Independientes”. De esta manera, se hace una confusión de lo que sucedía allí, donde los conflictos se resolvían pensando en el bienestar de las partes implicadas. Justificándose en las afirmaciones de Gómez, Guillermo León Valencia, presidente en ese entonces, inició su arremetida contra la región de Marquetalia, y, posteriormente, contra las otras regiones, encontrándose con una fuerte organización campesina, abanderados bajo el Movimiento Revolucionario Liberal encabezado por Alfonso López Michelsen y por orientación del Partido Comunista, varios líderes del movimiento agrario de Sumapáz y oriente del Tolima participan en elecciones públicas. Esta participación es de gran importancia para dimensionar el estado de las luchas campesinas y sus plataformas políticas. Con la reforma agraria de 1961, establecía la venta de tierras de los latifundios al INCORA para ser parceladas y vendidas a plazos a los campesinos sin tierra. Reforma que se convirtió en negocio para los latifundistas, puesto que no le generaba una política clara de beneficio al campesinado, que cada vez estaba más lejos de obtener sus tierras. Para evitar los trámites jurídicos y burocráticos que favorecían únicamente al latifundista se creó la Federación Nacional de Agricultores de Colombia (Fedenagric), que fue un esfuerzo de la Federación Sindical de Trabajadores de Colombia, la cual buscaba sindicalizar a los trabajadores del campo, iniciando una nueva lucha desde el sector sindical que agrupaba trabajadores, en 1963 se crea el sindicato nacional del INCORA: Sintradin. Que tenía como prioridad la defensa de los trabajadores oficiales, la estabilidad económica, el mejoramiento monetario y el derecho a la contratación. Motivo por el que las directivas del INCORA tomaron represalias en contra de los trabajadores, se inicio un proceso de traslado de trabajadores a regiones apartadas, inclusive hasta el despido masivo de trabajadores. Se crea un esquema de lucha mancomunada de campesinos, junto con directivas del sindicato, con la consigna “los de abajo también se convertirán en propietarios”, los campesinos exigieron al gobierno que adquiriera y distribuyera tierras, en el Sumapáz para aparentar que se estaba cumpliendo con tales exigencias distribuyeron y entregaron títulos de tierras que pertenecían a los campesinos hacía más de cincuenta años. En 1970, el presidente Alberto Lleras Camargo dicta el decreto 775 mediante el cual se crea una organización con una estructura nacional partiendo desde las veredas, el corregimiento y los municipios. El mismo año se crea la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) la cual nace en distintos municipios y departamentos en los cuales se desarrollan diferentes campañas municipales de organización, en los que los campesinos se integran, con gran entusiasmo, frente a la promesa de adquirir tierras y créditos, de esta forma y con grandes garantías, crece y se fortalece independientemente del estado, teniendo en cuenta que los campesinos estaban cansados de tantas farsas y obstrucciones por parte del gobierno para la reforma agraria, deciden con el ministerio de agricultura y el INCORA hacer presión con numerosas marchas por todo el país, pero dentro de la organización se están dando inconformismos y diferencias ideológicas, que más adelante divide la organización en Anuc línea Sincelejo y Anuc línea Armenia como era de esperarse se debilita el movimiento campesino y se agudiza la represión a sectores revolucionarios y progresistas.

Fue entonces cuando se creó la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), la cual crea una federación agraria en su seno, y se emprende la campaña de reorganización del sindicato de agricultores tratando de crear así varios sindicatos como lo fue la federación agraria Fenagric, que no tuvo personería jurídica, y tuvo un periodo de vida corto, la comisión preparatoria del congreso presento al comité ejecutivo de la CSTC unos principios que debían servir a la nueva organización. Se llamó al campesinado y a los sindicatos reunidos de todo el país para que se vincularan al nuevo ente sindical, esto con el fin de buscar la unidad de acción para enfrentar a los latifundistas y al gran capital, el gobierno aprobó los estatutos y se dio vida a la nueva Federación Nacional Sindical Agropecuaria (FENSA), durante un aniversario más de la masacre de las bananeras, se conto con el apoyo de la CSTC. En él participaron comités de ANUC, empresas comunitarias, comités de cafeteros, FANAL (UTC) y delegados fraternales de Ecuador, Venezuela, Unión Soviética y del Congreso Permanente de Unidad Sindical de Trabajadores de América Latina (CPUSTAL). Esto acarreo una serie de señalamientos por parte de los latifundistas, buscaban con maniobras lograr desestabilizar la nueva organización, luego de diferentes procesos jurídicos, en el año de 1978, se logro darle validez jurídica a la federación por medio de la queja puesta a la organización internacional del trabajo por intermedio de la Federación Sindical Mundial, FSM, mientras las organizaciones luchaban jurídicamente en los campos y veredas del país se desató una ola de represión que originó la destrucción de numerosas organizaciones sindicales, la detención y tortura de decenas de trabajadores como los compañeros Jorge Medina, en Ciénaga, Magdalena; Armando Pabón, en Apartado, Antioquia y Pedro Pablo Bello, diputado por Cundinamarca y presidente del Sindicato Agrícola de San Juan de Sumapáz, abaleado en Bogotá, a pesar de estas circunstancias, la creada organización seguía en su auge con la participación y vinculación de numerosas organizaciones agrarias, FANAL y ANUC, de cabildos indígenas, empresas comunitarias y cooperativas, entraba también a hacer parte de una u otra manera organizaciones de otros países ligadas al campo, en particular de los países socialistas, reflejando ello la comunidad de intereses de todos los que luchan contra el dominio de los capitales multinacionales y de sus secuelas de atraso, hambre y violencia.

Estos y varios acontecimientos más surgen entorno el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala, con su mandato y polémico Estatuto de Seguridad, convocado para contrarrestar los diferentes movimientos rebeldes surgidos en la década anterior y donde fueron frecuentes las torturas, desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos, que provocaron el exilio de numerosos intelectuales, entre ellos el escritor Gabriel García Márquez². La política colombiana empieza a girar entorno a diálogos de paz con las guerrillas colombinas, es el caso del gobierno de Belisario Betancourt quien firmo acuerdos de dialogo con la guerrilla de las FARC, el M19 y el EPL, que generaron la vinculación de guerrilleros de las FARC en el partido político Unión Patriótica, al cual hacían parte sindicalistas, trabajadores, organizaciones campesinas y de derechos humanos, en si era un frente amplio que se prestaba para que los diálogos llegaran a una verdadera solución, pero esto no fue muy bien visto por  algunos sectores al punto de empezar una arremetida contra el partido político Unión Patriótica, hasta llevarlo a su exterminio y el de la mayoría de su dirigencia, que eran desde lideres sindicalistas, agrarios, políticos, en fin otro golpe al pueblo colombiano, para el siguiente periodo se viene una aun mas agudizante situación con el asunto de las tierras, cada vez el latifundio tiene más tierra y el trabajador, cada vez más pobre y explotado la tenebrosa alianza  conformada por gamonales, latifundistas, hacendados y mafiosos, para impedir las reformas que estaban planteando las organizaciones campesinas, los sectores democráticos  y los grupos de izquierda. Para crear el clima adecuado se satanizó a los sindicatos agrarios y a los líderes obreros y campesinos, al mismo tiempo se les acusó de tener vínculos con los guerrilleros.

En este ambiente se disparó la guerra entre el ejército y el movimiento guerrillero: cuando se expulsaba la guerrilla llegaban los grupos paramilitares y sembraban el terror; como consecuencia los campesinos abandonaban la región. La estrategia de las autodefensas, para acaparar la tierra, la explicó muy bien el ex paramilitar Jairo Castillo, alias Pitirri: “unos iban matando, otros comprando y otros legalizando”.

El resultado es tenebroso. La Fiscalía calcula que en dos décadas el número de muertos producidos en esta larga guerra asciende a 165 mil; las masacres de campesinos,  a 1.300 y los desaparecidos suman 31 mil. Cuatro millones de campesinos fueron obligados a abandonar sus finquitas; la Procuraduría calcula que el número de hectáreas arrebatadas a sus dueños, o abandonadas, asciende a 5,5 millones; el 11 por ciento de la superficie agraria del país.

Los usurpadores legitimaron el atraco con relativa facilidad; muchos campesinos no tenían legalizada la propiedad de la tierra y la informalidad ayudó a despojar a las víctimas. Además, los actores armados³ “habían penetrado notarías, oficinas de registros públicos y regionales del INCORA, para acabar con sus registros. Se sabe que Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las AUC, quemó 20.000 folios de las notarías de Valledupar. En otras zonas, como en Sincelejo, se amenazó e incluso asesinó a funcionarios”⁴. La década de los ochentas estuvo enmarcada por una sangrienta lucha, muerte de sindicalistas, y exterminio de organizaciones sociales, por ende el pueblo colombiano no podía dejar que se le siguieran violando sus derechos y viene la creación de nuevas organizaciones, otras retoman sus nombres de anterior lucha, se organizan los estudiantes, se organizan los obreros, campesinos y campesinas, la época de la creación de organizaciones de lucha por la defensa de los derechos de la clase obrera y trabajadora y algo muy importante se impulsa la asociación nacional de mujeres campesinas e indígenas de colombia, organización gremial de género, de servicio social, que se organizó inicialmente en torno a la gestión de los programas oficiales para mujeres y prontamente asumió la defensa de los intereses específicos de las mujeres campesinas. Constituida por asociaciones departamentales de mujeres campesinas, indígenas y negras, las cuales aglutinan asociaciones primarias de carácter municipal y corregimental, de la misma naturaleza, cuyas asociadas están vinculadas al área rural o que hayan sido desplazadas por la violencia. Su mayor presencia se encuentra en Boyacá, Huila, Cundinamarca, Chocó, Quindío, Arauca y Atlántico.

Los retos siguen, si la lucha para, la arremetida del estado y del acaparamiento del poder capitalista, sistema que se veía venir, para la década del 90 se planteaban temas y retos ante los cuales el campesinado debía pronunciarse. Uno de ellos es la Constitución de 1991, que consagra muchos derechos sociales y mecanismos de participación y un nuevo proyecto de ley de reforma agraria que imponía un nuevo esquema de reforma a través del mercado. A las luchas tradicionales por la tierra y la política agrícola, se han unido en los últimos años protestas por los derechos humanos y por las necesidades básicas como infraestructura y servicios, lo que hace a los campesinos participantes de las crecientes luchas cívicas. Entre las 158 luchas agrarias de 1991 a 1994, hubo 27 paros cívicos con participación campesina, 82 movilizaciones y 43 tomas de entidades⁵.

El campesino queda involucrado en la producción de cultivos ilícitos, puesto que se marca como único medio productivo de subsistencia, ya que para esta época el narcotráfico tiene su auge de crecimiento, en 1996, las organizaciones campesinas vuelven a tener un papel importante en la historia del movimiento social en Colombia, por las multitudinarias marchas campesinas cocaleras en contra de las fumigaciones. Estas marchas movilizaron a más de 300 mil campesinos y fueron el origen de la Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola, la cual concretó su funcionamiento en el 2000 para enfrentar el Plan Colombia manteniendo una oposición firme a las fumigaciones de cultivos de uso ilícito proponiendo planes alternativos.

Gracias a estas movilizaciones se recordó la tradición agrícola de nuestro país y también se evidenció que el campo fue el principal afectado de las políticas de ajuste y de apertura económica aplicada por el gobierno de Gaviria (1990-1994) y Samper (1994-1998). Desde esta época el movimiento campesino se ha venido estructurando a través de organizaciones regionales como: la Asociación Campesina de Arauca, la Asociación Campesina del Valle del Río Güéjar, en la Serranía de la Macarena, la Asociación Campesina del Catatumbo, y la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC).

Después de 1995, la organización Unidad Cafetera se unió con otros gremios de minifundistas, pequeños y medianos empresarios paneleros, cerealeros y papicultores que cuestionaron la política neoliberal y la libre importación de productos agropecuarios, y en torno a la defensa de la producción nacional conformaron la Asociación Nacional para la Salvación Agropecuaria de Colombia, la que se conoce más comúnmente como Salvación Agropecuaria. Esta organización encabezó el paro nacional agropecuario del 31 de julio al 4 de agosto de 2000, que movilizó a por lo menos cien mil personas en 27 bloqueos a carreteras y otras manifestaciones. Salvación Agropecuaria realizó su primer congreso en noviembre del 2001, es una organización en ascenso y tiene un creciente número de afiliados en 17 departamentos; su presencia y capacidad de movilización son grandes en el antiguo Caldas, Antioquia, Tolima, Huila, occidente de Boyacá y sur de Santander⁶.

En medio de las movilizaciones unitarias de los campesinos con las centrales sindicales, el 19 de marzo de 1999 se fundó formalmente el Consejo Nacional Campesino, haciendo parte de este dos sindicatos de trabajadores del sector rural y las siguientes organizaciones nacionales campesinas: Acción Campesina Colombiana, ANUC – Unidad y Reconstrucción, Asociación Colombiana de Beneficiarios de la Reforma Agraria, Anmucic, Coordinadora Nacional de Desplazados, Fanal, Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias, Federacion Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria FENSUAGRO, Festracol.

Entre el 7 y 8 de abril del 2003 se llevó a cabo el Congreso Nacional Agrario, en donde participaron campesinas y campesinos, indígenas y afrodescendientes; sus organizaciones tanto del nivel nacional como regional y local; los productores agrícolas y ganaderos de espíritu progresista y patriótico y sus agremiaciones y agrupaciones; los profesionales y técnicos afines a la actividad agropecuaria y sus asociaciones; los desplazados que organizadamente trabajan por el retorno seguro a sus lugares de origen; los investigadores, académicos y universitarios comprometidos en la búsqueda de una paz con justicia social; los diseñadores de políticas públicas agrarias; los ambientalistas y ecologistas; los políticos y parlamentarios interesados en la temática rural; las centrales y federaciones sindicales nacionales; las Iglesias y religiosos; los maestros y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de paz⁷. Con el objetivo de realizar una serie de propuestas, consignadas en el Mandato Agrario, como lo son:

1.   Derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos.

2.   Soberanía y seguridad alimentaria

3.   Alternativas al ALCA y a los acuerdos de libre comercio

4.   Derecho a la tierra

5.   Reconstrucción de la economía agropecuaria y agroalimentaria

6.   Protección del medio ambiente

7.   Política concertada con los cultivadores de coca, amapola y marihuana

8.   Derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, indígenas y afrodescendientes

9.   Reconocimiento político al campesinado

10.               Reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes y sus derechos

11.               Derecho a la Territorialidad

12.               Fin al desplazamiento forzado

13.               Solución política del conflicto armado

14.               Unidad

Este mandato se redactó en rechazo a las políticas neoliberales del gobierno colombiano y especialmente al libre comercio como vía directa hacia la destrucción del sector agrario colombiano. Este documento en busca de la unidad del movimiento campesino dice claramente:

“Es necesario entonces que llegue la hora de la unidad pluricultural de campesinos, indígenas, afrocolombianos y pequeños y medianos empresarios para las acciones inmediatas en defensa del derecho a vivir dignamente y a trabajar en nuestros territorios. Es por ello que levantamos nuestra voz de aliento oponiéndonos vehementemente y llamando al pueblo colombiano en su diversidad a oponerse al neoliberalismo y a la vinculación de Colombia al ALCA, así como a la guerra y a la restricción de las libertades civiles y políticas. Pero además es por ello que asumimos unitariamente la construcción de políticas públicas, estrategias y programas alternativos, especialmente para la reconstrucción de la agricultura nacional”.

Frente al conflicto social y armado en la Colombia de hoy, paralelo a las organizaciones de desplazados que existen en las principales ciudades, han surgido movimientos como el de las Comunidades de Resistencia del Sur de Bolívar y las Comunidades de Paz en Urabá, Magdalena Medio y otros lugares.

ACTUALIDAD COLOMBIANA

Las luchas campesinas, sociales y populares en general se ven enmarcadas en la actulidad con algunos logros y muchos fracasos, pero al igual no debemos olvidar la lucha de nuestros dirigentes agrarios que ofrendaron su vida por esta justa causa y es de reconocer que para seguir la lucha debemos de unirnos entorno de la búsqueda de un país en paz con justicia social, donde los derechos de nuestros campesinos y la población en general no sean violados,  ya vemos como el pueblo colombiano hoy se une entorno a un solo propósito, también vemos como desde las montañas de Colombia suena ese llamado de paz que retumba en la casa de Nariño, no dejemos que solo se quede allí, exijamos la participación del pueblo colombiano, no dejemos que el silenciamiento de las armas nos silencie al pueblo colombiano, exijamos una verdadera reforma agraria con planes de desarrollo de la agricultura y el medio ambiente, donde el pueblo colombiano este educado, capacitado y formado de una manera descentralizada, que las políticas de gobierno sean aplicadas en beneficio del estudiante del sector rural, que no tengamos que levantar a nuestros familiares sin vida de las puertas de los hospitales sin recibir una adecuada atención, igualmente, el campesinado necesita, y es de obligatorio cumplimiento del estado, el vivir en lugares habitables y tener vías de acceso a sus lugares de vivienda y trabajo, tener acceso a las bases de información de mercados, en cuanto a la producción agropecuaria, una política clara, investigación y transferencia de la información con el uso de medios tecnológicos, que las inversiones realizadas por el campesinado en el campo colombiano sea financiada y asegurada, al igual que su trabajo, la autonomía del INCODER será la autonomía del campo, convirtiéndose en beneficio para el acceso a la tierra para el que la trabaja, con apoyos económicos derivados del  presupuesto nacional, una  expropiación de las tierras por via administrativa de manera que le permita al pequeño y mediano productor realizar sus actividades productivas y pagar sus predios que se hayan negociado voluntariamente, al igual exigir una adecuada utilización y producción de las zonas de reserva campesina, acciones de apoyo  institucionales para la defensa de los derechos de las mujeres rurales, las juventudes, los desplazados, patrimonio genético de nuestra agricultura, es un sinnúmero de disposiciones y exigencias que debemos hacer desde el campo colombiano para recuperar nuestra identidad, nuestra cultura y lograr el éxito de estas resistencias campesinas que deben continuar.